Tras la cuestión suscitada ante la dimisión de la Junta de la Junta de gobierno del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de la Provincia de Alicante, y como letrado- asesor de la Junta de gobierno es mi obligación prever los trámites y consecuencias que se derivan y cuáles son los pasos a seguir, que están expresamente regulados por los Estatutos del propio colegio y la normativa aplicable en la Generalitat Valenciana, para evitar cualquier responsabilidad de los miembros de la Junta. En términos generales, esto es lo que ocurre ante una situación de estas características y las soluciones que se plantean:

1. Gestión del Vacío de Poder

• Comisión Gestora o Junta en Funciones: En muchos casos, la propia junta dimisionaria puede quedar en funciones hasta que se celebren nuevas elecciones, aunque con competencias limitadas a la gestión ordinaria.
• Intervención de un Órgano Superior: Si los estatutos lo contemplan, puede intervenir un órgano superior, como el Consejo General de Colegios Profesionales o la administración pública competente. Esta intervención debe ser expresamente reconocida por la Junta saliente o dimisionaria.

2. Convocatoria de Elecciones

• Plazo para convocarlas: Los estatutos establecen un periodo máximo para convocar elecciones.
• Procedimiento electoral: Se debe seguir el reglamento electoral del colegio para elegir una nueva junta.

3. Posibles Escenarios Excepcionales

• Intervención de la Comunidad Autónoma: Si el colegio no logra convocar elecciones o entra en parálisis, la comunidad autónoma puede intervenir para garantizar su funcionamiento.
• Nombramiento de una Junta Gestora: En algunos casos, se designa una junta provisional hasta que se celebren elecciones.

Por, tanto y desde el punto de vista de abogado y como asesor del Colegio, la Junta dimitida debe mantener funciones de gestión ordinaria hasta la celebración de nuevas elecciones. Evitando que pueda generarse cualquier responsabilidad por cesación y dejadez en sus funciones para las cuales fueron designados en proceso electoral y democrático.

Realizo estas aclaraciones como abogado del Colegio y de la Junta de Gobierno tras haber estudiado el proceso al que estamos sometidos.

A efectos de dejar constancia de los criterios jurídicos que deben existir y los pasos que se deben realizar ante la decisión de tal envergadura, que paraliza la actividad colegial con carácter provisional.

En Alicante a 19 de marzo de 2.025